La ratificación del Acuerdo de Escazú: un nuevo horizonte para la protección ambiental

47 Views

El 25 de septiembre pasado en una tormentosa sesión, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la ratificación del Acuerdo de Escazú.

Varios aspectos hacen de la ratificación un paso histórico que no dudo en calificar como el hecho político e institucional positivo más relevante en lo que va del año.

En primer lugar, porque Escazú constituye un verdadero avance para la democracia argentina, que una vez más renueva a través de esta ratificación su compromiso con los derechos humanos y la tutela del ambiente. En segundo lugar, ya que es un paso adelante trascendente que mejora las condiciones de posibilidad para la efectiva protección ambiental en Argentina. Y en tercer lugar dado que Escazú es quizá uno de los pocos aspectos que han logrado trascender a los sucesivos gobiernos, mostrando lo indispensable de la continuidad frente a las grandes cuestiones.

El Acuerdo, firmado por 23 países de América Latina necesita once ratificaciones para su entrada en vigencia. Con la ratificación de Argentina se llegó al número de diez y quedó a una ratificación para comenzar a regir en toda la región.

Un acuerdo con una clara relevancia global

Escazú tiene una enorme relevancia global, pero también para la región y en particular en Argentina.

Es un nuevo jalón en el establecimiento de instrumentos y mecanismos concretos para desarrollar el principio 10 de la Declaración de los Principios del Derecho Ambiental de Río 92, siguiendo los pasos –aunque con relevantes diferencias- de la Convención de Aarhus de 1998 (que fue promovida por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa) que tiene por objeto los mismos tres derechos que Escazú: información, participación y acceso a la justicia, mostrando así la continuidad de los desarrollos del Derecho Internacional Ambiental.

Pero al mismo tiempo Escazú, tiene como plus-valor que es el primer tratado de la región relativo al ambiente y el primero en articular el derecho internacional ambiental con los derechos humanos. La articulación surge de numerosas reglas: reconoce el principio de progresividad y no regresión; incorpora el principio de interpretación pro persona; y del artículo 9 que está íntegramente dedicado a los “Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”.

Además de ello, tiene innovaciones importantes que obedecen a particularidades y necesidades de la región: regula la figura del defensor ambiental, para proteger a quienes luchan por el ambiente; reconoce el principio de la diversidad cultural y consecuentemente con ello protege a los grupos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad agravada; y reconoce nuevos principios para el derecho ambiental como el principio de no regresión.

En definitiva, es un aporte original de América Latina a la historia del Derecho Internacional Ambiental, no solo por lo señalado, sino porque por ejemplo da pie para la existencia de procesos de elaboración participativa de normas en la región.

Una nueva visión de la cuestión ambiental

Sin dudas el impacto que va a tener sobre el derecho ambiental argentino va a ser tan importante como provechoso.

En primer término, pues genera un nuevo impulso para avanzar hacia una visión más integral, abarcativa y enriquecida de la cuestión ambiental derivada de la articulación que el Acuerdo permite con nuestra rica tradición en materia de derechos humanos. En segundo lugar, pues en Argentina Escazú se suma como un nuevo umbral de protección ambiental a los mínimos ya existentes. Y por último, porque lo hace en temas sensibles como el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en materia ambiental, con el objetivo general de lograr un verdadero “estado ambiental de derecho”.

Por ello el desafío para la Argentina no termina con la ratificación, sino que comienza, ya que deberá organizar su implementación en el derecho interno del país y aquí el papel que deberán jugar las provincias será clave, no solo por el rol central que les cabe en la efectiva protección ambiental, sino porque deberán aggiornarse en los temas sobre los que avanza Escazú.

Implicancias en la provincia de Santa Fe

La Provincia de Santa Fe no escapa a esta coyuntura y la labor involucra a los tres poderes del Estado.

El Poder Ejecutivo provincial debe transformarse en el primer promotor de las regulaciones y políticas que requiere Escazú: debe impulsar las reformas institucionales, regulatorias y en las políticas sectoriales en función de promover el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en la toma de decisiones y en el acceso a la justicia.

La tarea en la provincia es de gran dimensión. Es que por un lado, su legislación ambiental ha sufrido el paso del tiempo no sólo frente a los avances de las leyes nacionales de presupuestos mínimos sino en relación al desarrollo del Derecho Internacional Ambiental. Por otro, la regulación ambiental provincial presenta lagunas importantes en temas clave que son desarrollados en Escazú y que requerirán la pronta atención de la Legislatura Provincial, en particular, lo que refiere al acceso a la información ambiental y sobre todo los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones.

Pero también necesita de una urgente actualización de los canales de acceso a la justicia: por ejemplo, en materia de acciones colectivas y de amparo colectivo que pese al tiempo transcurrido desde la reforma constitucional de 1994 consagrando los derechos de incidencia colectiva, aún no cuentan con una regulación en Santa Fe; de una adecuación de la organización del Poder Judicial que visibilice la materia ambiental; y de un aumento de sus capacidades en materia ambiental, que permita atender más adecuadamente los grandes conflictos ambientales que se judicializan con mayor sensibilidad y especialidad.

No comments