Juntos por el Cambio pide que una delegación de diputados vaya a Formosa

Durante la mañana de hoy la mesa del Interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio se reunió en el Congreso. Se solicitará a Sergio Massa la conformación de las comisiones de Derechos Humanos y de Libertad de Expresión en la provincia de Formosa, para constatar las denuncias sobre violaciones a DDHH por parte del gobierno de Gildo Insfrán.

Participaron de la reunión el presidente del interbloque Mario Negri, el vicepresidente primero de la Cámara baja Omar De Marchi, el presidente del bloque de la CC-ARI Juan Manuel López y los diputados nacionales Silvia Lospennato (PRO), Brenda Austin (UCR), Álvaro González (PRO) y Miguel Bazze (UCR).

Los diputados abordaron la grave situación en la que viven las personas confinadas por el gobierno de Formosa en los Centros de Aislamiento y las múltiples violaciones a los derechos humanos que éstos padecen. Entre las más graves, los legisladores destacaron la situación de menores de edad encerrados, quienes conviven -según las denuncias recibidas- hacinados compartiendo camas con familiares y baños con adultos que no son de sus propias familias.

En la jornada de ayer martes los miembros de JxC de las comisiones de Derechos Humanos y de Libertad de Expresión recibieron denuncias de las dos concejalas que fueron detenidas por hacer públicos estos hechos y varios testimonios de periodistas formoseños a los que se les cercenan sus libertades y se los intimida para que no informen, así como los de otros ciudadanos que contaron sus experiencias.

Los testimonios dan cuenta de situaciones que remiten a las épocas más oscuras de nuestro país: traslados nocturnos de personas a centros de alojamiento, seguimientos y causas penales contra las personas que expresan una opinión disidente en medios de comunicación o redes sociales, censura, denegación de la tramitación de hábeas corpus, personas que son sometidas a aislamiento por COVID durante más de 20 días pese a haber dado negativo en los test, impedimento de derecho de circulación y libre tránsito, detención ilegal de opositores, entre otros hechos actuados por agentes estatales, todos ellos absolutamente violatorios de garantías consagradas en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos de los que nuestro país es parte.

Los testimonios serán incorporados a las denuncias ante la Justicia nacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que los diputados han presentado en los últimos días. También se los pondrá a disposición de las organizaciones nacionales de DDHH, a los que se insta a visitar los centros de aislamiento de la Provincia de Formosa para constatar las denuncias y acompañar los reclamos judiciales.

Por todo esto, los diputados de JxC decidieron hoy solicitar la inmediata reunión en la Provincia de Formosa de las Comisiones de Derechos Humanos, que preside el diputado Hugo Yasky, y de Libertad de Expresión, que preside el diputado Waldo Wolff. Para esto se pedirá al Presidente de la Cámara, Sergio Massa, que arbitre los medios para que los legisladores puedan ingresar a la Provincia y que se respeten los fueros parlamentarios de los miembros de la delegación.

Además, luego de haber reclamado durante meses que se considere a la educación como una actividad esencial y se declare la emergencia educativa para hacer frente a la crítica situación, el interbloque de Juntos por el Cambio demanda que se tomen las medidas necesarias para garantizar en todo el país el retorno a la presencialidad, con protocolos sanitarios adecuados, para resguardar el derecho de niños, niñas y adolescentes de acceder a una educación de calidad.

Volver a las aulas expresa el compromiso de poner a la educación en el centro de la escena. El Gobierno Nacional debe garantizar la presencia de los alumnos en las aulas y acompañar a las jurisdicciones provinciales con los recursos y medidas necesarias para ello. Una hoja de ruta clara es imprescindible para que las familias y la comunidad educativa conozcan, a poco de comenzar el año escolar, en qué condiciones empezarán las clases.

Por último, a pedido de los diputados de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Salta, Jujuy y Tucumán, entre otros, se insistirá para que el oficialismo incorpore la prórroga de la ley que beneficia la producción de biocombustibles en la primera sesión a la que se convoque, tal como fue comprometido por el Presidente del cuerpo en el mes de diciembre.

La ratificación del Acuerdo de Escazú: un nuevo horizonte para la protección ambiental

El 25 de septiembre pasado en una tormentosa sesión, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la ratificación del Acuerdo de Escazú.

Varios aspectos hacen de la ratificación un paso histórico que no dudo en calificar como el hecho político e institucional positivo más relevante en lo que va del año.

En primer lugar, porque Escazú constituye un verdadero avance para la democracia argentina, que una vez más renueva a través de esta ratificación su compromiso con los derechos humanos y la tutela del ambiente. En segundo lugar, ya que es un paso adelante trascendente que mejora las condiciones de posibilidad para la efectiva protección ambiental en Argentina. Y en tercer lugar dado que Escazú es quizá uno de los pocos aspectos que han logrado trascender a los sucesivos gobiernos, mostrando lo indispensable de la continuidad frente a las grandes cuestiones.

El Acuerdo, firmado por 23 países de América Latina necesita once ratificaciones para su entrada en vigencia. Con la ratificación de Argentina se llegó al número de diez y quedó a una ratificación para comenzar a regir en toda la región.

Un acuerdo con una clara relevancia global

Escazú tiene una enorme relevancia global, pero también para la región y en particular en Argentina.

Es un nuevo jalón en el establecimiento de instrumentos y mecanismos concretos para desarrollar el principio 10 de la Declaración de los Principios del Derecho Ambiental de Río 92, siguiendo los pasos –aunque con relevantes diferencias- de la Convención de Aarhus de 1998 (que fue promovida por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa) que tiene por objeto los mismos tres derechos que Escazú: información, participación y acceso a la justicia, mostrando así la continuidad de los desarrollos del Derecho Internacional Ambiental.

Pero al mismo tiempo Escazú, tiene como plus-valor que es el primer tratado de la región relativo al ambiente y el primero en articular el derecho internacional ambiental con los derechos humanos. La articulación surge de numerosas reglas: reconoce el principio de progresividad y no regresión; incorpora el principio de interpretación pro persona; y del artículo 9 que está íntegramente dedicado a los “Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”.

Además de ello, tiene innovaciones importantes que obedecen a particularidades y necesidades de la región: regula la figura del defensor ambiental, para proteger a quienes luchan por el ambiente; reconoce el principio de la diversidad cultural y consecuentemente con ello protege a los grupos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad agravada; y reconoce nuevos principios para el derecho ambiental como el principio de no regresión.

En definitiva, es un aporte original de América Latina a la historia del Derecho Internacional Ambiental, no solo por lo señalado, sino porque por ejemplo da pie para la existencia de procesos de elaboración participativa de normas en la región.

Una nueva visión de la cuestión ambiental

Sin dudas el impacto que va a tener sobre el derecho ambiental argentino va a ser tan importante como provechoso.

En primer término, pues genera un nuevo impulso para avanzar hacia una visión más integral, abarcativa y enriquecida de la cuestión ambiental derivada de la articulación que el Acuerdo permite con nuestra rica tradición en materia de derechos humanos. En segundo lugar, pues en Argentina Escazú se suma como un nuevo umbral de protección ambiental a los mínimos ya existentes. Y por último, porque lo hace en temas sensibles como el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en materia ambiental, con el objetivo general de lograr un verdadero “estado ambiental de derecho”.

Por ello el desafío para la Argentina no termina con la ratificación, sino que comienza, ya que deberá organizar su implementación en el derecho interno del país y aquí el papel que deberán jugar las provincias será clave, no solo por el rol central que les cabe en la efectiva protección ambiental, sino porque deberán aggiornarse en los temas sobre los que avanza Escazú.

Implicancias en la provincia de Santa Fe

La Provincia de Santa Fe no escapa a esta coyuntura y la labor involucra a los tres poderes del Estado.

El Poder Ejecutivo provincial debe transformarse en el primer promotor de las regulaciones y políticas que requiere Escazú: debe impulsar las reformas institucionales, regulatorias y en las políticas sectoriales en función de promover el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en la toma de decisiones y en el acceso a la justicia.

La tarea en la provincia es de gran dimensión. Es que por un lado, su legislación ambiental ha sufrido el paso del tiempo no sólo frente a los avances de las leyes nacionales de presupuestos mínimos sino en relación al desarrollo del Derecho Internacional Ambiental. Por otro, la regulación ambiental provincial presenta lagunas importantes en temas clave que son desarrollados en Escazú y que requerirán la pronta atención de la Legislatura Provincial, en particular, lo que refiere al acceso a la información ambiental y sobre todo los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones.

Pero también necesita de una urgente actualización de los canales de acceso a la justicia: por ejemplo, en materia de acciones colectivas y de amparo colectivo que pese al tiempo transcurrido desde la reforma constitucional de 1994 consagrando los derechos de incidencia colectiva, aún no cuentan con una regulación en Santa Fe; de una adecuación de la organización del Poder Judicial que visibilice la materia ambiental; y de un aumento de sus capacidades en materia ambiental, que permita atender más adecuadamente los grandes conflictos ambientales que se judicializan con mayor sensibilidad y especialidad.

Presentaron el proyecto de “Ley de Formación Laboral Continua”

El viernes 2 de octubre se realizó la presentamos de la “Ley de Formación Laboral Continua”, proyecto que presentarán los diputados Albor Cantard, Mario Arce, Soledad Carrizo, Dolores Martínez, Estela Regidor y Fabio Quetglas.

Con más de 150 participantes, en el encuentro virtual las diputadas y diputados dieron detalles del proyecto que ingresarán en el Congreso de la Nación.

“La intención de este proyecto es la planificación de la educación para el trabajo y anticiparnos a las situaciones, problemas y necesidades de la Argentina del futuro, porque estamos convencidos que es imposible pensar el modelo de movilidad social ascendente si no es a través de la inserción laboral”, explicó sobre la iniciativa el diputado Cantard.

Asimismo, el diputado nacional por Santa Fe indicó que el proyecto tiene tres núcleos centrales: “La generación de un Sistema Nacional de Formación Laboral Continua, que es integrador de programas y de proyectos; la transición entre el sistema educativo formal y el trabajo, a través del Sistema Nacional de Prácticas Formativas, que retoma los aspectos más positivos de la Ley de pasantías; y la formación en el trabajo dirigido a desocupados, a personas con discapacidad y a los sectores más vulnerables de la sociedad que necesitan tener un trabajo de calidad”.

Por último, Cantard aseguró: “Es esencial que el radicalismo como partido nacional que es tome este tema y lo podamos trabajar no sólo en una presentación, sino hacer discusión nacional sobre este tema y la necesidad de una ley de estas características”.

Diputados presentaron proyecto para acompañar económicamente a argentinos varados en el exterior

Los diputados nacionales por Santa Fe Niky Cantard, Juan Martín, Ximena García y Gonzalo del Cerro presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para acompañar económicamente a los argentinos que se encuentren varados en el exterior.

En la propuesta se insta al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación a que en las Embajadas o Consulados se ponga en marcha un “Fondo y programa de atención de las necesidades básicas de los ciudadanos argentinos” que permanecen en los países afectados por la pandemia del COVID19.

Programa de asistencia humanitaria

Ante la situación de la pandemia y la suspensión de los vuelos hacia Argentina “la mayoría de los ciudadanos que no han podido regresar al país deberán estarlo previsiblemente por un plazo más o menos prolongado, lo cual los encuentra en la mayoría de los casos sin los fondos suficientes para subsistir en condiciones de vida digna”, explicó el diputado nacional Niky Cantard.

En este sentido, el proyecto presentado “apunta a poner en marcha un programa de asistencia humanitaria con fondos específicos a los fines de permitirles cubrir sus necesidades básicas, que luego deberán reembolsarlos en las condiciones que determine la reglamentación del programa”, aseguró el diputado nacional por Santa Fe.

Según lo expuesto en la iniciativa, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación será la autoridad encargada de instrumentar y poner en funcionamiento el “Fondo y programa de atención de las necesidades básicas de los ciudadanos argentinos”, a través de la red de Embajadas y oficinas consulares existentes en los países afectados por la pandemia del COVID19.

Los fondos que se entreguen en dinero en efectivo serán con carácter reembolsable y además se solicita a embajadas y consulados generales de Argentina situados en los países afectados por la pandemia a “agotar los recursos con los que ya cuentan para atender a las necesidades básicas de los ciudadanos argentinos, con los medios físicos, económicos o tecnológicos existentes a su disposición”.

Proponen medidas para proteger a monotributistas, pymes y el empleo formal

En el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus, los diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Juan Martín, Ximena García y Niky Cantard, presentaron un proyecto de ley para que se exceptúe del pago de tributos y cargas de la seguridad social a pymes que hayan mantenido la plantilla de personal a los nivele del último trimestre de 2019. También se propone contemplar en este beneficio a monotributistas.

La iniciativa propone concretamente que durante 180 días se exceptúe del pago de tributos y carga de la seguridad social a las pymes, que mantienen la mayor parte de las fuentes de trabajo en el país. La condición es que estas empresas demuestren que mantienen la misma cantidad de empleados que en el último trimestre de 2019.

Por otra parte, el proyecto incluye sumar a la excepción “a los monotributistas, de las categorías A a la D. Son los pequeños emprendedores, que desarrollan su propio proyecto productivo con mucho esfuerzo y dinamizan así la economía. Ellos hacen un gran esfuerzo por salir adelante y no pueden seguir pagando si no facturan nada”.

Cantard: “Pedimos que los subsidios del Interbloque vayan directamente al Instituto Malbrán”

El Interbloque de diputados de Juntos por el Cambio solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa que los 11,6 millos de pesos que corresponden al Interbloque según la resolución emitida ayer, vayan directamente al Instituto Malbrán para ayudar a que en todas las provincias se puedan hacer los testeos del Coronavirus.

Ayer martes por la noche, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación emitió la resolución 611/20 que dispone la distribución de subsidios para “evitar la propagación del Coronavirus (COVID19)”. La resolución no requiere el consentimiento de las distintas bancadas ya que es facultad del titular del cuerpo adoptar este tipo de medidas.

“Desde el interbloque de Juntos por el Cambio nos oponemos a la distribución discrecional de estos fondos frente a la crisis sanitaria que genera la pandemia”, aseguró el diputado nacional Niky Cantard. “Por eso le solicitamos al Presidente de la Cámara que la totalidad de los fondos correspondientes a nuestro interbloque tengan un destino bien específico: el Instituto Malbrán para ayudar a la descentralización en todas las provincias de los procedimientos de testeo de coronavirus, entre ellas Santa Fe”, finalizó.

Niky Cantard presentó su propuesta de seguridad para la ciudad

Se llama «Seguridad 360» y entre otras cosas propone una nueva central de monitoreo que triplica los actuales puestos de control y más cámaras en toda la ciudad. 

Bajo el nombre de «Seguridad 360», el candidato a intendente Niky Cantard presentó la propuesta de seguridad que llevará al gobierno de la ciudad, en la que se destaca una nueva Central de Monitoreo Integral que reemplazará la existente en la Municipalidad y permitirá triplicar los puestos de monitoreo y control, además de sumar 768 nuevas cámaras inteligentes a las que existen actualmente. 

«La inseguridad es el reclamo de los vecinos en todos los barrios a donde vamos», comenzó a decir Cantard, que presentó su plan ante vecinalistas y la prensa esta mañana, en el salón de la comisión vecinal Fomento 9 de Julio.

En ese espacio, Cantard contó los principales puntos de su propuesta, entre los que se destaca la nueva Central de Monitoreo, la instalación de pórticos inteligentes en los accesos a la ciudad, la instalación de más de 900 cámaras en distintos puntos de la ciudad y de sensores que permiten saber en tiempo real en qué lugar y con qué tipo de armas se producen los disparos.
«Estamos proponiendo un sistema de seguridad 360, que les permita a los ciudadanos sentirse protegidos a toda hora, todo el día y todos los días del año», explicó Cantard, quien dijo que «lo que podemos hacer como gobierno local es controlar y sumar datos, y cuantos más datos tengamos y más rápido los obtengamos, más resultados podemos tener, y más seguros se van a sentir los santafesinos», indicó Cantard. 

En este sentido, explicó que las cámaras inteligentes tienen sistemas de detección de rostros de personas buscadas o que tienen delitos y están prófugas. También permiten detectar patrones de movimiento y alertar sobre movimientos irregulares. 

Por su parte, los pórticos inteligentes permiten leer las patentes y en tiempo real emitir esa información a la Central de Monitoreo Integral, que puede emitir el alerta de inmediato en caso de que se trate de un vehículo robado o que tenga algún pedido de captura.

Cantard recordó una recuente encuesta que indica que más del 40 por ciento de los santafesinos dicen haber escuchado disparos en su barrio y agregó que «más del 70 por ciento de los hechos delictivos son originados por armas de fuego».

«Para eso vamos a instalar sistemas se detección de disparos que permiten saber en tiempo real desde dónde se emiten esos disparos y hasta con qué arma», explicó.

Cantard agregó en las acciones de Seguridad 360 dos propuestas que surgieron en los encuentros de Trabajando para Santa Fe: corredores seguros para mujeres y niños y tobilleras para el seguimiento del agresor en los casos de violencia de género. 

Finalmente, indicó que se incorporará una «perspectiva de seguridad» en las políticas del municipio, a partir de la iluminacion y la apertura de calles. 

«Todo esto que estamos diciendo no reemplaza al patrullero en la calle, ni reemplaza la fuerza y la decision que necesita la conducción de la Policía, que seguramente tendremos en la persona de José Corral como gobernador», manifestó.

Algunos datos

La nueva Central de Monitoreo Integral estará ubicada en el primer piso del ala oeste del Palacio Municipal, sobre calle 4 de enero. El diseño cuenta con 540 metros cuadrados destinados a control y proceso de datos, y tiene espacio para 32 puestos de monitoreo (22 más que la actual central), que vigilarán 12 cámaras cada uno. 

Además se prevé la instalación de 325 nuevos puntos de monitoreo en la ciudad con 975 cámaras inteligentes que pueden detectar rostros de personas buscadas o prófugas; identificar patrones de movimiento; y alertar sobre movimientos irregulares.

Los pórticos inteligentes que se prevé ubicar en los ingresos a la ciudad servirán para leer patentes e identificar autos buscados o denunciados. Por su parte, los sensores detectores de disparos se instalarán en lugares como columnas de iluminación, y permitirán identificar con mucha precisión desde dónde se producen los disparos y con qué armas, información que será inmediatamente enviada a la central para la disposición de las alertas correspondientes.

Esperanza: Cantard y concejales de Cambiemos en el CICAE

El diputado nacional Albor Cantard y los concejales Andrea Martínez y Guillermo Bonvín se reunieron con Rubén Wohr y otros representantes de la comisión directiva de la entidad gremial empresaria. Fecol y gestiones ante el gobierno nacional en la agenda.

“Charlamos con las autoridades del Centro Industria y Comercio de Esperanza sobre la actualidad del sector productivo, sus preocupaciones y las posibles gestiones para permitir que FeCol sea una muestra útil para los expositores y los asistentes” contó ‘Nicky’ Cantard a la prensa.

La reunión realizada en la sede de la entidad gremial empresaria fue precedida por un encuentro de trabajo que se realizó en el Concejo Municipal donde el diputado nacional repasó acciones de gestión compartida con los legisladores locales.

 

Fuente: Esperanza díaxdía.