Juntos por el Cambio pide que una delegación de diputados vaya a Formosa

Durante la mañana de hoy la mesa del Interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio se reunió en el Congreso. Se solicitará a Sergio Massa la conformación de las comisiones de Derechos Humanos y de Libertad de Expresión en la provincia de Formosa, para constatar las denuncias sobre violaciones a DDHH por parte del gobierno de Gildo Insfrán.

Participaron de la reunión el presidente del interbloque Mario Negri, el vicepresidente primero de la Cámara baja Omar De Marchi, el presidente del bloque de la CC-ARI Juan Manuel López y los diputados nacionales Silvia Lospennato (PRO), Brenda Austin (UCR), Álvaro González (PRO) y Miguel Bazze (UCR).

Los diputados abordaron la grave situación en la que viven las personas confinadas por el gobierno de Formosa en los Centros de Aislamiento y las múltiples violaciones a los derechos humanos que éstos padecen. Entre las más graves, los legisladores destacaron la situación de menores de edad encerrados, quienes conviven -según las denuncias recibidas- hacinados compartiendo camas con familiares y baños con adultos que no son de sus propias familias.

En la jornada de ayer martes los miembros de JxC de las comisiones de Derechos Humanos y de Libertad de Expresión recibieron denuncias de las dos concejalas que fueron detenidas por hacer públicos estos hechos y varios testimonios de periodistas formoseños a los que se les cercenan sus libertades y se los intimida para que no informen, así como los de otros ciudadanos que contaron sus experiencias.

Los testimonios dan cuenta de situaciones que remiten a las épocas más oscuras de nuestro país: traslados nocturnos de personas a centros de alojamiento, seguimientos y causas penales contra las personas que expresan una opinión disidente en medios de comunicación o redes sociales, censura, denegación de la tramitación de hábeas corpus, personas que son sometidas a aislamiento por COVID durante más de 20 días pese a haber dado negativo en los test, impedimento de derecho de circulación y libre tránsito, detención ilegal de opositores, entre otros hechos actuados por agentes estatales, todos ellos absolutamente violatorios de garantías consagradas en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos de los que nuestro país es parte.

Los testimonios serán incorporados a las denuncias ante la Justicia nacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que los diputados han presentado en los últimos días. También se los pondrá a disposición de las organizaciones nacionales de DDHH, a los que se insta a visitar los centros de aislamiento de la Provincia de Formosa para constatar las denuncias y acompañar los reclamos judiciales.

Por todo esto, los diputados de JxC decidieron hoy solicitar la inmediata reunión en la Provincia de Formosa de las Comisiones de Derechos Humanos, que preside el diputado Hugo Yasky, y de Libertad de Expresión, que preside el diputado Waldo Wolff. Para esto se pedirá al Presidente de la Cámara, Sergio Massa, que arbitre los medios para que los legisladores puedan ingresar a la Provincia y que se respeten los fueros parlamentarios de los miembros de la delegación.

Además, luego de haber reclamado durante meses que se considere a la educación como una actividad esencial y se declare la emergencia educativa para hacer frente a la crítica situación, el interbloque de Juntos por el Cambio demanda que se tomen las medidas necesarias para garantizar en todo el país el retorno a la presencialidad, con protocolos sanitarios adecuados, para resguardar el derecho de niños, niñas y adolescentes de acceder a una educación de calidad.

Volver a las aulas expresa el compromiso de poner a la educación en el centro de la escena. El Gobierno Nacional debe garantizar la presencia de los alumnos en las aulas y acompañar a las jurisdicciones provinciales con los recursos y medidas necesarias para ello. Una hoja de ruta clara es imprescindible para que las familias y la comunidad educativa conozcan, a poco de comenzar el año escolar, en qué condiciones empezarán las clases.

Por último, a pedido de los diputados de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Salta, Jujuy y Tucumán, entre otros, se insistirá para que el oficialismo incorpore la prórroga de la ley que beneficia la producción de biocombustibles en la primera sesión a la que se convoque, tal como fue comprometido por el Presidente del cuerpo en el mes de diciembre.

La ratificación del Acuerdo de Escazú: un nuevo horizonte para la protección ambiental

El 25 de septiembre pasado en una tormentosa sesión, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la ratificación del Acuerdo de Escazú.

Varios aspectos hacen de la ratificación un paso histórico que no dudo en calificar como el hecho político e institucional positivo más relevante en lo que va del año.

En primer lugar, porque Escazú constituye un verdadero avance para la democracia argentina, que una vez más renueva a través de esta ratificación su compromiso con los derechos humanos y la tutela del ambiente. En segundo lugar, ya que es un paso adelante trascendente que mejora las condiciones de posibilidad para la efectiva protección ambiental en Argentina. Y en tercer lugar dado que Escazú es quizá uno de los pocos aspectos que han logrado trascender a los sucesivos gobiernos, mostrando lo indispensable de la continuidad frente a las grandes cuestiones.

El Acuerdo, firmado por 23 países de América Latina necesita once ratificaciones para su entrada en vigencia. Con la ratificación de Argentina se llegó al número de diez y quedó a una ratificación para comenzar a regir en toda la región.

Un acuerdo con una clara relevancia global

Escazú tiene una enorme relevancia global, pero también para la región y en particular en Argentina.

Es un nuevo jalón en el establecimiento de instrumentos y mecanismos concretos para desarrollar el principio 10 de la Declaración de los Principios del Derecho Ambiental de Río 92, siguiendo los pasos –aunque con relevantes diferencias- de la Convención de Aarhus de 1998 (que fue promovida por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa) que tiene por objeto los mismos tres derechos que Escazú: información, participación y acceso a la justicia, mostrando así la continuidad de los desarrollos del Derecho Internacional Ambiental.

Pero al mismo tiempo Escazú, tiene como plus-valor que es el primer tratado de la región relativo al ambiente y el primero en articular el derecho internacional ambiental con los derechos humanos. La articulación surge de numerosas reglas: reconoce el principio de progresividad y no regresión; incorpora el principio de interpretación pro persona; y del artículo 9 que está íntegramente dedicado a los “Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”.

Además de ello, tiene innovaciones importantes que obedecen a particularidades y necesidades de la región: regula la figura del defensor ambiental, para proteger a quienes luchan por el ambiente; reconoce el principio de la diversidad cultural y consecuentemente con ello protege a los grupos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad agravada; y reconoce nuevos principios para el derecho ambiental como el principio de no regresión.

En definitiva, es un aporte original de América Latina a la historia del Derecho Internacional Ambiental, no solo por lo señalado, sino porque por ejemplo da pie para la existencia de procesos de elaboración participativa de normas en la región.

Una nueva visión de la cuestión ambiental

Sin dudas el impacto que va a tener sobre el derecho ambiental argentino va a ser tan importante como provechoso.

En primer término, pues genera un nuevo impulso para avanzar hacia una visión más integral, abarcativa y enriquecida de la cuestión ambiental derivada de la articulación que el Acuerdo permite con nuestra rica tradición en materia de derechos humanos. En segundo lugar, pues en Argentina Escazú se suma como un nuevo umbral de protección ambiental a los mínimos ya existentes. Y por último, porque lo hace en temas sensibles como el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en materia ambiental, con el objetivo general de lograr un verdadero “estado ambiental de derecho”.

Por ello el desafío para la Argentina no termina con la ratificación, sino que comienza, ya que deberá organizar su implementación en el derecho interno del país y aquí el papel que deberán jugar las provincias será clave, no solo por el rol central que les cabe en la efectiva protección ambiental, sino porque deberán aggiornarse en los temas sobre los que avanza Escazú.

Implicancias en la provincia de Santa Fe

La Provincia de Santa Fe no escapa a esta coyuntura y la labor involucra a los tres poderes del Estado.

El Poder Ejecutivo provincial debe transformarse en el primer promotor de las regulaciones y políticas que requiere Escazú: debe impulsar las reformas institucionales, regulatorias y en las políticas sectoriales en función de promover el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en la toma de decisiones y en el acceso a la justicia.

La tarea en la provincia es de gran dimensión. Es que por un lado, su legislación ambiental ha sufrido el paso del tiempo no sólo frente a los avances de las leyes nacionales de presupuestos mínimos sino en relación al desarrollo del Derecho Internacional Ambiental. Por otro, la regulación ambiental provincial presenta lagunas importantes en temas clave que son desarrollados en Escazú y que requerirán la pronta atención de la Legislatura Provincial, en particular, lo que refiere al acceso a la información ambiental y sobre todo los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones.

Pero también necesita de una urgente actualización de los canales de acceso a la justicia: por ejemplo, en materia de acciones colectivas y de amparo colectivo que pese al tiempo transcurrido desde la reforma constitucional de 1994 consagrando los derechos de incidencia colectiva, aún no cuentan con una regulación en Santa Fe; de una adecuación de la organización del Poder Judicial que visibilice la materia ambiental; y de un aumento de sus capacidades en materia ambiental, que permita atender más adecuadamente los grandes conflictos ambientales que se judicializan con mayor sensibilidad y especialidad.

Congreso «Hacia la Universidad del futuro»

Desde el equipo de Políticas Universitarias de la Fundación Alem invitan al Panel de Presentación del Eje 1 del Congreso «Hacia la Universidad del Futuro”, para discutir “Sistema Universitario: organización, coordinación y gobierno. Autonomía y Autarquía”.⁣⁣

⁣El encuentro será el próximo jueves 8 de octubre, a las 17 horas, y será una instancia para analizar aspectos vinculados al conjunto del sistema, desde la perspectiva y los valores del reformismo universitario, para dar paso a discutir el tema en las instancias regionales durante las dos semanas siguientes.⁣⁣

⁣⁣Contará con la participación de:⁣ Brenda Austin (Diputada Nacional)⁣⁣, Emiliano Yacobitti (Diputado Nacional)⁣⁣, Mónica Marquina (Miembro CONEAU)⁣⁣ y Juan Pablo Cebrelli (Secretario General Franja Morada)⁣⁣. La moderación estará a cargo de Verónica Torres (Secretaria General Académica UNNE)⁣⁣.

Los interesados en participar pueden hacerlo a través del siguiente link: http://bit.ly/UniversidadFuturoAlem

Presentaron el proyecto de “Ley de Formación Laboral Continua”

El viernes 2 de octubre se realizó la presentamos de la “Ley de Formación Laboral Continua”, proyecto que presentarán los diputados Albor Cantard, Mario Arce, Soledad Carrizo, Dolores Martínez, Estela Regidor y Fabio Quetglas.

Con más de 150 participantes, en el encuentro virtual las diputadas y diputados dieron detalles del proyecto que ingresarán en el Congreso de la Nación.

“La intención de este proyecto es la planificación de la educación para el trabajo y anticiparnos a las situaciones, problemas y necesidades de la Argentina del futuro, porque estamos convencidos que es imposible pensar el modelo de movilidad social ascendente si no es a través de la inserción laboral”, explicó sobre la iniciativa el diputado Cantard.

Asimismo, el diputado nacional por Santa Fe indicó que el proyecto tiene tres núcleos centrales: “La generación de un Sistema Nacional de Formación Laboral Continua, que es integrador de programas y de proyectos; la transición entre el sistema educativo formal y el trabajo, a través del Sistema Nacional de Prácticas Formativas, que retoma los aspectos más positivos de la Ley de pasantías; y la formación en el trabajo dirigido a desocupados, a personas con discapacidad y a los sectores más vulnerables de la sociedad que necesitan tener un trabajo de calidad”.

Por último, Cantard aseguró: “Es esencial que el radicalismo como partido nacional que es tome este tema y lo podamos trabajar no sólo en una presentación, sino hacer discusión nacional sobre este tema y la necesidad de una ley de estas características”.

Teletrabajo: comenzó el debate en la Cámara de Diputados

La situación difícil que estamos atravesando por el Covid-19 aceleró esta discusión y bienvenido que así sea”, afirmó el diputado nacional Albor Cantard, vicepresidente de la Comisión de Legislación del Trabajo. Hay 16 proyectos que según el legislador santafesino tienen un “alto porcentaje de acuerdos para tratar este tema en el recinto”.

La Cámara de Diputados comenzó hoy al debate en la Comisión de Legislación del Trabajo para regular el teletrabajo, una modalidad que ya tuvo propuestas anteriores pero que la cuarentena puso de relieve su necesaria regulación.

El diputado nacional Albor Cantard, vicepresidente de la Comisión, se mostró confiado en avanzar para lograr los consensos necesarios y en poco tiempo poder estar tratando este tema en el recinto. “Es importante comenzar con estas reuniones informativas y tener la oportunidad de escuchar a los representantes de los trabajadores, en un tema que lleva más de 13 años desde las primeras propuestas para regularlo, y hasta la fecha no se alcanzó el objetivo. Esta es una muy buena oportunidad, la situación difícil que estamos atravesando por el Covid-19 aceleró esta discusión y bienvenido que así sea”, dijo.

Sobre los diferentes proyectos presentados, el diputado santafesino aseguró que hay más consensos que disensos. “En los 16 proyectos existentes hay un alto porcentaje de acuerdos sobre los temas a tratar y en muchos casos puede haber pequeñas diferencias en cuanto al tipo de redacción”, afirmó Cantard.

Entre los principales lineamientos, el diputado santafesino explicó que “estamos ante una modalidad de trabajo, en lugar de prestarse servicio en el establecimiento se hace en el domicilio o a distancia, y debe haber igualdad de trato entre lo remoto y lo presencial; debe haber un derecho a la intimidad, debe haber un derecho a la desconexión, a que se brinde equipamiento necesario y que cuando lo provee el propio trabajador tenga una compensación económica”.

“Se debe encontrar la mejor manera de dar una regulación que brinde posibilidades de generar empleo y las seguridades a los trabajadores de que tienen el respaldo que les corresponde por derecho”, finalizó el legislador de Juntos por el Cambio.

Diputados de JXC reclaman solución urgente al transporte público en Santa Fe y Rosario

Hoy los legisladores debían mantener una reunión con los intendentes, que se frustró por ineficiencias técnicas de los municipios. “Nos preocupa la capacidad de solucionar un problema de tal magnitud si no se puede organizar una reunión por Zoom”, cuestionaron. En un documento conjunto, exigieron “que todos hagan un esfuerzo de austeridad para sostener el sistema”.

Los Diputados Nacionales de Juntos por el Cambio reclamaron una solución urgente al sistema de transporte público en Santa Fe y Rosario. “Este lunes se nos había convocado a una reunión para abordar este tema tan tema vía teleconferencia. Luego de muchas idas y vueltas, no pudimos acceder por contraseña incorrecta”, informaron los legisladores en un documento. “Nos preocupa la capacidad de solucionar un problema de tal magnitud si no se puede organizar una reunión por Zoom”, cuestionaron.

“Les pedimos a los intendentes que soliciten una reunión con el gobernador, y que todos hagan un esfuerzo de austeridad para sostener el sistema. Es necesario que se genere, entre todos los niveles de gobierno, una alternativa sostenible y definitiva para el transporte público”, señalaron.

Los diputados, mediante el documento conjunto, manifestaron que “se requiere el esfuerzo de todos los actores con responsabilidades de gestión, porque nadie puede pretender eximirse de responsabilidades, ni dejar de hacer su aporte”.

“Por eso planteamos hace semanas en el congreso nacional una justa distribución de los subsidios nacionales del transporte público. Solicitamos información al Poder Ejecutivo Nacional sobre la asignación, distribución y montos de los subsidios nacionales disponibles para el transporte y, a su vez, exigimos que se envíen con urgencia aquellos que se encuentran asignados a las provincias. El federalismo se predica y se practica ( Estado presente)”, indicaron los legisladores.

“Desde hace tiempo señalamos la necesidad de que las decisiones sobre las medidas adoptadas no solo contemplen las variables económicas, sino que también consideren su impacto económico e institucional”, agregaron.

“El transporte es un servicio esencial afectado por la cuarentena, los costos se incrementan, mientras los usuarios disminuyen drásticamente. Por eso creemos -indicaron- que quienes tomaron la decisión de implementar la cuarentena con esta severidad, siendo conscientes de las consecuencias que esta implicaría, tienen también la responsabilidad de encontrar soluciones. Más aún, para los más humildes que no disponen de alternativas de movilidad y para nuestros servicios de salud, seguridad, y demás servicios esenciales”.

Los diputados advierten: “El paro del transporte público lleva semanas afectando directamente a los santafesinos y santafesinas. Muchos ciudadanos se encuentren imposibilitados de concurrir a sus puestos de trabajo y se ven en la obligación de buscar alternativas de transporte, elevando notablemente sus gastos”.

Los diputados realizaron este planteo a través de un documento que lleva la firma de Juan Martín, Niky Cantard, Ximena García, Federico Angelini, Luciano Laspina, Gisela Scaglia, Jose Carlos Nuñez, María Lucila Lehmann, Gonzalo Del Cerro, Laura Castets.

“El aumento de las jubilaciones anunciado por el gobierno está por debajo del que correspondería según la ley de movilidad”

Así lo afirmó el diputado nacional Niky Cantard tras el anuncio de un aumento del 6,12% para el mes de junio, que está muy por debajo del 10.89% que correspondería por ley. “Esto no sólo causa un perjuicio a los jubilados y pensionados porque van a cobrar mucho menos, sino que además genera inseguridad jurídica, al no haber una ley que garantice el derecho constitucional de movilidad jubilatoria”, indicó.

El gobierno nacional anunció un aumento de las jubilaciones del 6,12% para el mes de junio que está por debajo del 10,89% que correspondería según la ley de movilidad.

Así lo afirmaron los legisladores de Juntos por el Cambio en un comunicado en el que piden que rija la fórmula de movilidad jubilatoria votada en 2017, que el oficialismo suspendió mediante la ley de emergencia.

“Como lo planteamos en su momento en el recinto cuando se suspendió la movilidad, esto no sólo causa un perjuicio a los jubilados y pensionados porque queda demostrado que lo que cobran es mucho menos que lo que les correspondería por la ley que suspendieron, sino que además genera inseguridad jurídica porque la Corte ya ha dicho en reiteradas ocasiones la constitucionalidad y la necesidad de un sistema de movilidad de las jubilaciones”, expresó el diputado nacional Niky Cantard, quien integra además la comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la Nación.

Garantizar el derecho a la movilidad

Según explican en el comunicado, la fórmula de movilidad que se ha suspendido no ha sido derogada y actualmente no hay ninguna otra pauta de movilidad fijada por ley para garantizar el derecho establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Por ello, aseguran que el vencimiento de los 180 días de suspensión implica que la fórmula de movilidad sancionada en 2017 debe cobrar vigencia al transcurrir ese plazo y hasta que se sancione una nueva ley de movilidad.

“Suspender la ley vigente para otorgar discrecionalmente aumentos por decreto no se justificaba meses atrás y mucho menos ahora, que durante todo el año los incrementos sólo vengan por decreto”, finalizó el diputado.

Coronavirus: proponen una batería de medidas para cuidar a monotributistas y pymes

Atentos a las resoluciones que se vienen tomando en el país, la provincia y la ciudad desde la declaración de la emergencia sanitaria por la pandemia de Coronavirus, y preocupados por el impacto que tendrán en la economía las disposiciones que se tomaron para prevenir el rápido desarrollo de la enfermedad, concejales y diputados de la UCR en Juntos por el Cambio emitieron un documento en el que solicitan a los diferentes niveles del Estado que se adopten una batería de medidas en resguardo de los sectores que se verán fuertemente afectados: monotributistas, emprendedores, autónomos y pequeñas y medianas empresas.
Los ediles Inés Larriera y Carlos Pereira (Santa Fe), Florencia González (Santo Tomé), Andrés Soperez (Rincón), y los diputados nacionales Ximena García, Juan Martín y Niky Cantard expresaron su preocupación por las empresas y comercios, fundamentalmente pequeños y medianos, muchos de los cuales enfrentan serias dificultades para poder afrontar el pago de sueldos, impuestos y alquileres debido a la paralización de un alto porcentaje de todas las actividades económicas como resultado del aislamiento preventivo y obligatorio.

Medidas

Los representantes radicales en Juntos por el Cambio propusieron la adopción de una serie de medidas que permitirán paliar la situación de monotributistas, emprendedores, autónomos, comercios y pequeñas y medianas empresas. Son las siguientes:

  1. La puesta en marcha de la propuesta elevada por la Cámara Argentina de Comercio y distintas organizaciones comerciales a las autoridades nacionales, para que se habiliten líneas crediticias a tasa 0, para que las Pymes puedan afrontar el pago de salarios.
  2. La efectiva implementación de los REPRO para asistir a las empresas en el pago de sueldos de los empleados, medida que fue anunciada por el Gobierno pero que casi no se está aplicando. “Recordamos que el programa REPRO cubre parte del salario de los empleados de empresas que se encuentran en crisis, que proponemos sea hasta el límite de un salario mínimo vital y móvil”, señalaron los legisladores, y en ese punto reclamaron al gobierno nacional: a) su urgente implementación para esta coyuntura; b) el incremento del monto hasta un salario mínimo vital y móvil; c) el dictado de una reglamentación que elimine requisitos y facilite la accesibilidad a este programa, ya que en la actualidad se requieren de condiciones y trámites de cumplimiento imposible en la actual situación.
  3. La extensión del Ingreso Familiar de Emergencia hasta la Categoría D del Monotributo -hoy sólo se contempló hasta la B- y la excepción durante 180 días del pago de tributos y cargas de la seguridad social.
  4. Disponer de un subsidio para autónomos y monotributistas de las categorías más altas cuya actividad se vea afectada por la cuarentena, fijado en determinados salarios básicos de acuerdo a la categoría en que se encuentra.
  5. El diferimiento hasta luego del término de la cuarentena, del vencimiento de impuestos, tasas y derechos, tantos nacionales, provinciales como municipales. “Algunos anuncios ya se han hecho desde el Gobierno Provincial, pero no desde Nación ni desde el Municipio. La prórroga en los vencimientos debe servir también para ganar tiempo en la evaluación sector por sector, a los efectos de determinar situaciones de eximición para las actividades más perjudicadas”, apuntaron.
  6. Exención a Mipymes de las contribuciones a la seguridad social en tanto mantengan las mismas fuentes de trabajo que en el último trimestre de 2019.
  7. Prórroga en el pago de servicios.

Preocupación

Los concejales Larriera, Pereira, González, Soperez, y los diputados Martín, García y Cantard se mostraron preocupados por las consecuencias que la cuarentena tendrá sobre el conjunto del aparato productivo nacional, que no sólo se hacen sentir en estos días, sino que se prologarán en el tiempo con recesión, caída del PBI, cierre de empresas y más desocupación.
Y si bien reconocieron que “el Gobierno Nacional ha puesto en marcha hasta el momento medidas económicas orientadas a asistir a los sectores económicos más vulnerables, fundamentalmente desocupados, cuentapropistas y trabajadores informales”, advirtieron que “las empresas en general, y el sector de los monotributistas, profesionales, autónomos y Mipymes en particular, aún carecen de medidas concretas que ayuden en esta coyuntura. E incluso, los asalariados de los sectores productivos que se han visto obligados al cierre, ven peligrar el cobro de sus haberes, que deberían empezar a hacerse efectivos a partir de esta semana”.
En ese punto, los legisladores radicales en Juntos por el Cambio se mostraron preocupados porque “desde el Gobierno Nacional se han anunciado solo algunas medidas orientadas a paliar la situación de las empresas; pero en algunos casos han quedado en meros anuncios sin que hasta el momento se hayan dado precisiones en cuanto al cómo y cuándo se implementarán. El Gobierno Provincial hasta el momento sólo ha hablado de diferimientos en los vencimientos de impuesto. Y el Gobierno Municipal no ha hecho ningún anuncio”.
Inés Larriera, Carlos Pereira, Florencia González, Andrés Soperez, Juan Martín, Ximena García y Niky Cantard concluyen que “la prioridad debe estar en sostener el entramado productivo más frágil, porque no podemos permitir que se termine de quebrar la cadena de pagos, las empresas y emprendimiento más pequeños que no cuentan con la espalda para hacer frente a esta situación tengan que cerrar sus persianas y perdamos así fuentes de trabajo que ya no podremos recuperar”.

Diputados presentaron proyecto para acompañar económicamente a argentinos varados en el exterior

Los diputados nacionales por Santa Fe Niky Cantard, Juan Martín, Ximena García y Gonzalo del Cerro presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para acompañar económicamente a los argentinos que se encuentren varados en el exterior.

En la propuesta se insta al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación a que en las Embajadas o Consulados se ponga en marcha un “Fondo y programa de atención de las necesidades básicas de los ciudadanos argentinos” que permanecen en los países afectados por la pandemia del COVID19.

Programa de asistencia humanitaria

Ante la situación de la pandemia y la suspensión de los vuelos hacia Argentina “la mayoría de los ciudadanos que no han podido regresar al país deberán estarlo previsiblemente por un plazo más o menos prolongado, lo cual los encuentra en la mayoría de los casos sin los fondos suficientes para subsistir en condiciones de vida digna”, explicó el diputado nacional Niky Cantard.

En este sentido, el proyecto presentado “apunta a poner en marcha un programa de asistencia humanitaria con fondos específicos a los fines de permitirles cubrir sus necesidades básicas, que luego deberán reembolsarlos en las condiciones que determine la reglamentación del programa”, aseguró el diputado nacional por Santa Fe.

Según lo expuesto en la iniciativa, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación será la autoridad encargada de instrumentar y poner en funcionamiento el “Fondo y programa de atención de las necesidades básicas de los ciudadanos argentinos”, a través de la red de Embajadas y oficinas consulares existentes en los países afectados por la pandemia del COVID19.

Los fondos que se entreguen en dinero en efectivo serán con carácter reembolsable y además se solicita a embajadas y consulados generales de Argentina situados en los países afectados por la pandemia a “agotar los recursos con los que ya cuentan para atender a las necesidades básicas de los ciudadanos argentinos, con los medios físicos, económicos o tecnológicos existentes a su disposición”.

Proponen medidas para proteger a monotributistas, pymes y el empleo formal

En el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus, los diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Juan Martín, Ximena García y Niky Cantard, presentaron un proyecto de ley para que se exceptúe del pago de tributos y cargas de la seguridad social a pymes que hayan mantenido la plantilla de personal a los nivele del último trimestre de 2019. También se propone contemplar en este beneficio a monotributistas.

La iniciativa propone concretamente que durante 180 días se exceptúe del pago de tributos y carga de la seguridad social a las pymes, que mantienen la mayor parte de las fuentes de trabajo en el país. La condición es que estas empresas demuestren que mantienen la misma cantidad de empleados que en el último trimestre de 2019.

Por otra parte, el proyecto incluye sumar a la excepción “a los monotributistas, de las categorías A a la D. Son los pequeños emprendedores, que desarrollan su propio proyecto productivo con mucho esfuerzo y dinamizan así la economía. Ellos hacen un gran esfuerzo por salir adelante y no pueden seguir pagando si no facturan nada”.